Puerto Rico - Lares

Últimamente, me he quedado confundido ante la cantidad de gente que está planteando que no se ha hecho al pueblo propuesta de cómo sería la economía bajo el estatus de independencia. Ayer específicamente, me sorprendí cuando escuché a un comediante e ingeniero químico independentista (¡independentista!) decir que el independentismo necesita plantearle al pueblo un plan económico viable para los puertorriqueños.

¡¿De verdad?! Espero que mis lectores perdonen mi incredulidad, pero me fastidia que hayan gente que se llame “independentista” que diga en público que hace falta proveer un modelo económico viable de una República de Puerto Rico. Yo entiendo que un estadolibrista o un estadoísta lo cuestione, ¿pero un independentista? ¿En serio? Quiero decir que a lo sumo, lo que hace falta es mayor exposición al pueblo de las propuestas del independentismo, pero YA existe un modelo económico viable para la independencia.
.

Las primeras propuestas económicas concretas 

La Independencia de Puerto RicoiComo mis lectores sabrán, he sido crítico de ciertas decisiones recientes del PIP, especialmente en relación con ciertas posiciones anticientíficas que ha adoptado en el área agrícola y alimentaria. Sin embargo, tengo que confesar que si de algo hay que quitarse el sombrero y reconocer es la excelentísima labor que ese partido llevó a cabo en el caso del proceso plebiscitario del Proyecto Johnston de 1989 a 1991. Antes de ese proyecto, la mejor propuesta del independentismo se había presentado en el libro del Lic. Rubén Berríos Martínez, La independencia de Puerto Rico: Razón y lucha. En esa obra, Berríos incluía varios artículos en torno a los falsos temores a la independencia: pérdida dramática en fondos federales, pérdida del acceso al mercado estadounidense, la salida de la inversión de corporaciones foráneas en Puerto Rico, entre otros. En aquel momento (1983), cuando lo más que había de “libre mercado” en el Caribe era la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (o Plan Caribe) diseñada por el Presidente Ronald Reagan y otros tipos de acuerdos. Berríos afirmaba que no habría pérdida alguna de acceso al mercado norteamericano ni se tendría que ir la inversión estadounidense, que habría unos acuerdos amistosos con los Estados Unidos mientras que una República de Puerto Rico podría abrirse a establecer relaciones comerciales con otros países del mundo mucho más fácilmente.

Durante 1989 y 1991 se confirmó todo lo dicho por Berríos en su texto y más. Entre los logros conseguidos en aquella época están los siguientes:

  1. Los puertorriqueños continuarían recibiendo los fondos de sus derechos adquiridos (Seguro Social, veteranos, pensiones federales, etc.) bajo la independencia. Estos fondos constituyen del 60 al 70% de las transferencias federales a Puerto Rico. Para aquellos que estén cotizando para Seguro Social, el gobierno federal y el gobierno de la República de Puerto Rico estarían forjando un seguro social nuestro con las aportaciones que ya han hecho los trabajadores puertorriqueños por años. Este proceso de transición duraría aproximadamente 5 años.
    .
  2. Las transferencias otorgadas por el gobierno federal (e.g. PAN, Plan WIC, Plan 8, etc.) se recibirían en bloque por la misma cantidad que al inicio de la transición durante un periodo de 9 a 10 años, sujeto a renegociación posterior.
    .
  3. Las corporaciones estadounidenses podrían continuar invirtiendo en Puerto Rico bajo la Sección 901 del Código de Rentas Federal. El gobierno de la República podría utilizar la disposición del “crédito por contribuciones foráneas” e incentivar más la inversión foránea estadounidense en Puerto Rico. Simultáneamente, no habría impedimento alguno para forjar un programa de incentivos industriales para atraer capital de docenas de países alrededor del mundo. La capacidad de establecer tratados contributivos bajo la independencia posibilitaría esto.
    .
  4. Puerto Rico continuaría teniendo libre acceso al mercado estadounidense vía el Plan Caribe.
    .
  5. Aquellos nacidos con la ciudadanía estadounidense podrían retenerla, algo que fomentaría el libre tránsito entre ambas naciones y, por ende, el flujo de capital entre Puerto Rico y Estados Unidos. Además, aquellos que sean ciudadanos puertorriqueños (pero no ciudadanos estadounidenses) podrían gozar del libre tránsito a los Estados Unidos por un periodo de 30 años.
    .
  6. La continuación del uso del dólar estadounidense como moneda oficial de la república si así lo desea, con o sin una moneda nacional.

Lo único que en aquel momento se le había denegado a la opción de independencia era la eventual desmilitarización de Puerto Rico. Es interesante señalar que solamente a la independencia se le trató de manera tan favorable. Sin embargo, las opciones del Estado Libre Asociado y la estadidad salieron trasquiladas del proceso, ya que irónicamente (con todo y el plan de transición de nueve a diez años) la independencia se tornó en la alternativa menos costosa para los Estados Unidos. En resumen, lo menos que quería Estados Unidos era un “ELA mejorado” con mayor dependencia o una estadidad. Para mayor información, léase el libro de Rubén Berríos, Puerto Rico: Nacionalidad y plebiscito (1991).

Desde entonces, las relaciones globales de Estados Unidos a nivel mundial cambiaban dramáticamente. Ya no existía la Unión Soviética, se había implementado el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA por sus siglas en inglés) y se tenía pensada la implementación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Gradualmente, junto a la Unión Europea y Asia, el mundo se fue abriendo cada vez más a mayor interdependencia económica. Emergieron claramente Singapur, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur como los llamados “Tigres de Asia”. Singapur e Irlanda se convirtieron competidores de Puerto Rico, no solo porque muchas de las subsidiarias estadounidenses que estaban aquí bajo la Sección 936 se mudaron a esos países, sino porque habían superado por mucho el PDB per cápita de Puerto Rico. India y China se fueron convirtiendo gradualmente en las potencias económicas que hoy conocemos, entre muchas otras cosas.

Durante esta transformación del panorama mundial, en 1997 se radicó el famoso Proyecto Young, época en la que no solamente se podría hablar de una independencia sin pérdida al acceso al mercado estadounidense, sino que era perfectamente posible hablar de establecer diversos tratados, algunos de libre comercio, con los demás países del mundo. República Dominicana formaba parte del Convenio de Lomé (desde 1984) con los países de la Unión Europea y más tarde formó parte del CAFTA+RD. Ahora no habría que apelar al Plan Caribe, sino que se hacía cada vez más implausible la idea de que Puerto Rico fuera a perder acceso al mercado estadounidense en un mundo altamente globalizado e interdependiente.

El PIP presentó una nueva definición de independencia ante el Congreso para su inclusión en el Proyecto Young (en mi opinión, la mejor definición de independencia que se ha propuesto). Allí se afirmaba que los ciudadanos puertorriqueños (con o sin ciudadanía estadounidense) podrían gozar de libre tránsito a los Estados Unidos indefinidamente, como si no hubiera frontera de aduana entre Puerto Rico y Estados Unidos, lo cual permitiría libre flujo de capital entre ambos países y, a la vez, la posibilidad de visitar a familiares en Estados Unidos sin problema alguno. Se reafirmó a su vez la continuidad de los derechos adquiridos y la creación de medidas de transición a la independencia para el desfase de las transferencias otorgadas. Puerto Rico tendría libre acceso al mercado estadounidense mientras que tendría la facultad de acordar tratados con otros países y formar parte de bloques económicos. Bajo estas condiciones, la inversión de capital en Puerto Rico y la venta de bienes y servicios en Puerto Rico compensaría las transferencias otorgadas, posibilitando mayor número de empleos y políticas de estado beneficio para desempleados y necesitados.
.

¿Me perdí en algún sitio?

En cuanto a las medidas de transición económica ya están más que claras, en gran medida gracias al PIP. Otras dimensiones de la independencia inevitablemente dependen de nosotros. El PIP ha propuesto un programa económico consistente con la social democracia: un sistema estado benefactor fundamentado en el capitalismo y libre mercado, pero regulado y con los servicios esenciales en manos del estado (seguro universal de salud, electricidad, acueductos, internet); además de la implementación de políticas de negociación colectiva, cuidado del medio ambiente, etc. Para mí, este es el modelo más viable que podría adoptar una República de Puerto Rico junto a un proceso de transición, pero es una apreciación personal.

Sería sumamente deshonesto decir que una vez implementada la independencia, entonces todo va a ser, como diríamos en español, “peaches and creme“. Sin embargo, es en este asunto que se presenta el problema principal de toda discusión de estatus: la independencia es un estatus que, en el contexto global actual, abre un abanico de posibilidades en cuanto a la adopción de medidas e instrumentos jurídicos locales e  internacionales para forjar un Puerto Rico próspero. Singapur lo pudo hacer y su despegue económico comenzó al copiarse de nuestro modelo de atracción de capital; ahora se mantiene sumamente próspero gracias a que utiliza todas las herramientas que su condición de independencia le otorga.

NOTA: … Y por favor, no me digan el repetido mantra de que Singapur llegó a la prosperidad con un sistema autoritario. Esa no fue la clave de su bonanza económica, sino más bien las medidas que tomó para lidiar con un problema étnico-religioso del que esta nación formaba parte en el contexto asiático. Además, han habido muchos países del mundo donde hay sistemas represivos y dejan mucho que desear económicamente. Puerto Rico puede ser próspero y democrático en el contexto caribeño. Países como República Dominicana, Barbados, Bahamas, Costa Rica, entre otros están mostrando este punto todos los días.

Puerto Rico tiene la infraestructura, la mano de obra adiestrada, el ambiente jurídico, preparación profesional, alfabetismo, entre otros factores para atraer inversiones de todas partes del mundo. Además, hay una gran cantidad de empresas a las que se les haría mucho más fácil su ofrecimiento de servicios. Con la derogación de la Ley de Cabotaje, sería muchísimo más fácil importar y exportar mercancías a precios que abaratarían el costo de vida de los puertorriqueños y nuestras empresas podrían competir mejor con otros países que ya tienen acceso al mercado estadounidense. Con el control de una moneda propia podemos adoptar medidas fiscales más convenientes a nuestra realidad o podríamos adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial para propósitos de facilitar el comercio con los Estados Unidos.
.

Y las demás opciones de estatus, ¿qué?…

Frecuentemente al independentismo se le pregunta constantemente y con una amnesia impresionante cuál sería el modelo económico bajo la independencia, pero, ¿y qué hay de las otras opciones de estatus? El ELA como está ya no sirve. El único modelo económico que se ha propuesto consiste en variaciones de lo que fue la Sección 936 (la 30A, la 956, la 933A, las zonas empresariales, etc.) y muchos todavía no se han dado cuenta que esa puerta ya está cerrada. Nos la cerró el Congreso de los Estados Unidos y el mercado global. El Congreso también le ha cerrado las puertas a lo “actual, pero mejorado”.

Lo que le queda a los estadolibristas es el llamado “ELA soberano”, que tiene tres problemas con su propuesta:

  • El principio de delegación es todavía impreciso. No se entiende exactamente qué se le delegaría a los Estados Unidos a cambio de transferencias de fondos federales o programas federales como los que tienen las Islas Palau y las Marshall. ¿Se delegaría la defensa? Además objetar a esta medida como independentista, el interés de Estados Unidos por fomentar su presencia militar en Puerto Rico parece ser casi ninguna a la luz de los avances tecnológicos de la armada estadounidense.
    .
  • En algunos casos, el plan de transición es impreciso. Una de las propuestas más concisas hechas por algunos soberanistas sugiere una transición de 60 años (¡mucho más que los que solicitamos los independentistas!)
    .
  • El asunto de la ciudadanía estadounidense por el que abogan es un problema serio dentro de la jurisprudencia estadounidense, especialmente si el nuevo ELA es “soberano”.

En cuanto a la estadidad, no tiene mucho que ofrecer que no sea mayor dependencia. La defensa de los estadoístas en general se reduce a tres:

  1. Las empresas estadounidenses en Puerto Rico invertirían mejor con un Estado de Puerto Rico ya que estaríamos asegurados por una jurisprudencia federal; dichas corporaciones mejor familiarizadas con las leyes estadounidenses que de cualquier otra en el mundo. El problema con este argumento es que está hartamente refutado con el fenómeno de la globalización. El capital no tiene patria e invertirá en aquel país  que le ofrezca los mejores incentivos. Esto explica el cierre de industrias manufactureras en Estados Unidos y su apertura en otras partes del mundo. Pregúntenle a Detroit al respecto.
    .
  2. Si Puerto Rico forma parte del Senado y la Cámara de Representantes, tendrá mayor acceso al presupuesto federal que 24 o 25 estados de la Unión; esto pondrá a nuestra disposición fondos de inversión para la infraestructura, la educación, entre otros. El problema con ese argumento es que rebota en contra de la opción de la estadidad a la hora de defenderla en el Congreso de Estados Unidos. No hay manera alguna que esos 24 o 25 estados de la Unión voten a favor de la estadidad para Puerto Rico, una cosa que conllevaría necesariamente perder su acceso al presupuesto.
    .
  3. Más fondos federales de transferencias otorgadas con tan solo el 30% de la población pagando impuestos federales. Una vez más, nos encontramos el problema del “rebote contra la estadidad” a la hora de defender este punto en el Congreso de Estados Unidos. No hay manera alguna que podamos defender $15 a $20 mil millones en fondos federales a un Estado de Puerto Rico y que solamente el 30% de los que trabajan paguen impuestos. Estados Unidos no llegó a ser una gran potencia económica mundial haciendo malos negocios.

La resistencia de Estados Unidos al mejoramiento del ELA es palpable estos días y la estadidad está más lejos que nunca. Parece que el Congreso nos deja a nuestra disposición estatus de soberanía, en la que es mucho más fácil para Puerto Rico adoptar aquellos modelos económicos de su conveniencia. Para mí, el mejor estatus de soberanía propia y plena que es económicamente viable es la independencia.

En vez de tener un caso de amnesia y preguntar repetidas veces cuál es el modelo viable de la independencia, los independentistas deberíamos hacer tres cosas:

  • Empaparnos del modelo o modelos viables de independencia lo más que podamos. Ya esto se ha laborado profundamente y el trabajo está hecho. Ahora es el momento que debemos darlo a conocer a un público que sufre de una amnesia a conveniencia ideológica en cuanto a este tema.
    .
  • Defender la independencia como opción en todos los foros políticos donde se discuta el tema del estatus.
  • En vez de preguntarnos a nosotros mismos cuál es el modelo económico de la independencia (¡el trabajo está hecho!), los independentistas debemos interrogar a las otras opciones de estatus: ¿qué tienen ellas que ofrecer?

.

 

PD: Definición de “Independencia” defendida por el PIP para el Proyecto Young (1997)

La siguiente definición de independencia fue aceptada en ese momento para ser integrada al Proyecto Young sin objeción alguna de los congresistas estadounidenses:

  1. Puerto Rico es una república soberana, que en su libre ejercicio de su derecho inalienable a la independencia y libre autodeterminación, tiene completa autoridad sobre su propio territorio y población, bajo una constitución democráticamente adoptada por el Pueblo de Puerto Rico, que proveería el establecimiento de una forma republicana de gobierno y una amplia protección de derechos humanos, sujeto solo a la aprobación del Pueblo de Puerto Rico.
    .
  2. La República de Puerto Rico se convertirá en miembro de la comunidad de naciones, en igualdad de condiciones, investida con todos los derechos y prerrogativas que han sido reconocidos por el Derecho Internacional a los estados independientes y que incluye el poder de establecer sus propias políticas fiscales, monetarias, migratorias y de comercio internacional, el derecho a establecer tratados incluyendo económicos, tarifarios, a establecer relaciones con otras naciones y participar en organizaciones internacionales.
    .
  3. Los puertorriqueños serán ciudadanos de la República de Puerto Rico.
    .
  4. Los Estados Unidos concederá a los individuos de Puerto Ricos sus derechos adquiridos en virtud de servicios rendidos o contribuciones hechas a los Estados Unidos.
    .
  5. El futuro de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos será definido por un Tratado de Amistad y Cooperación en relación con los asuntos de interés mutuo en conformidad con sus respectivos procesos constitucionales y a través del cual el Congreso expresaría su apoyo a los siguientes principios: un periodo de transición económica, incluyendo un Fondo de Desarrollo financiado con las contribuciones anuales basadas en la cantidad actual de gastos del gobierno federal en Puerto Rico; un libre comercio entre ambas naciones; un libre tránsito de ciudadanos puertorriqueños y ciudadanos de Estados Unidos entre ambas naciones; y la completa desmilitarización de Puerto Rico.
Tagged with:
 

Reseña: The Last Colony

On May 4, 2015, in Politics, by prosario2000

Admitidamente esta va a ser una reseña tipo queja e inclinada a favor de la independencia.

El documental en general se destina al público estadounidense más que al puertorriqueño. Me pregunto dónde se presentará en Estados Unidos para que el mensaje llegue a ellos. En general, el documental discute de manera muy apretada el asunto del estatus de Puerto Rico. Obviamente en dos horas o menos no se pueden tratar todas las complejidades de la historia de Puerto Rico en los siglos XX y XXI para comprender la realidad que vivimos los puertorriqueños todos los días. El enfoque del documental es el plebiscito del 2012, sus resultados y la respuesta del Congreso de los Estados Unidos al respecto. Este filme plantea muy acertadamente que Estados Unidos tiene una gran responsabilidad en cuanto a atender un asunto que nos afecta tanto a los puertorriqueños como a los estadounidenses.

En primer lugar, tengo que decir que en el documental la historia de Puerto Rico del siglo XX se caracterizó de manera demasiado somera y sobresimplificada, especialmente resaltando exclusivamente el movimiento nacionalista de Albizu, el gobierno de Muñoz y el establecimiento del ELA de Puerto Rico bajo el coloniaje de los Estados Unidos. Entiendo que no hay más tiempo o espacio para ello en el documental, pero no puedo evitar mencionarlo como un factor que sobresimplifica la situación del estatus.

En cuanto a las opciones del estatus discutidas en la película, cada representante del estatus en cuestión tuvo la oportunidad de argumentarlo a su favor en sus propios términos. Esto fue una gran contribución del documental, ya que nos permite a los puertorriqueños escucharnos en cuanto a nuestras propuestas. Obviamente, fuera de la independencia, no estoy de acuerdo con ninguna de las demás opciones. Sin embargo, tengo que reconocer ciertos méritos. Por ejemplo, los que argumentaban a favor de la estadidad plantearon su caso muy bien en el documental. No estoy de acuerdo con nada de lo que dijeron, pero sí les reconozco que supieron argumentar su caso desde un punto de vista político y hasta cierto punto ético (específicamente en cuanto a los derechos de los puertorriqueños que han participado en las guerras estadounidenses). Donde más fallan es evidentemente cuando quieren argumentar que ganaron el plebiscito del 2012.

Los populares presentaron su caso en el documental de la manera más coherente posible (subrayando el término “posible”), pero siempre con el argumento de que el ELA es mejor porque no es la estadidad ni la independencia. El argumento económico más importante que tenían que presentar es la llamada “autonomía fiscal”, que hoy no sirve de mucho.

Los libreasociacionistas argumentaban que no querían el ELA, no querían la estadidad, no querían la independencia, sino ser un país soberano con una asociación con los Estados Unidos. En lo que falló ese sector soberanista en el documental (y tal vez por edición del documental, como a veces suele ocurrir), es definir específicamente los elementos a negociarse con los Estados Unidos en una relación de libre asociación. Yo sé que los dos elementos centrales son el asunto de la ciudadanía estadounidense y los fondos federales. Collado Schwarz mencionaba algo que me parece positivo que es que la asociación aspira a salir de la dependencia de los Estados Unidos, específicamente de los fondos federales. Sin embargo, siempre me pregunto “Piden fondos federales y ciudadanía ¿a cambio de qué?” Estados Unidos no nos dará eso “de gratis”. ¿Qué principios delegaría Puerto Rico en una libre asociación? Confieso que, como independentista, a mí no se me ocurre ni uno.

En cuanto a la independencia, se entrevistan a Fernando Martín, a María de Lourdes Santiago y a Rafael Cancel Miranda. En cuanto a este último quisiera decir que aunque uno no esté de acuerdo con el método usado por él en el Congreso de Estados Unidos en la década del 50, su análisis ético de la situación colonial de Puerto Rico es infalible. Cancel Miranda ve las cosas con mayor claridad que la inmensa mayoría de mucha gente que uno conoce. En cuanto a las entrevistas de Fernando Martín y María de Lourdes, ellos estuvieron muy bien. Mi queja contra el documental no tiene nada que ver con ellos per se, sino la manera en que se presenta la opción de independencia, especialmente en relación con los adversarios.

Por ejemplo, cuando Hernández Mayoral y Acevedo Vilá hablan de la independencia, siempre hablan en términos de que bajo esa opción, los fondos federales se eliminarían, sin mencionar en ningún momento una etapa de transición (que los diversos comités congresionales de Estados Unidos han aceptado sin problema alguno cuando negocian con el PIP). Es interesante que los representantes de la libre asociación sí tuvieron la oportunidad de presentar ese argumento. También dijeron que se perdería la ciudadanía estadounidense bajo la independencia. ¿La de quién? Aquellos que son ciudadanos estadounidenses ahora, son considerados “at birth” y Estados Unidos no nos puede quitar la ciudadanía. Puede ser posible que la próxima generación de puertorriqueños pueda heredarla también. Además, en una República de Puerto Rico habría libre tránsito hacia Estados Unidos y viceversa aun sin la ciudadanía americana (tal como el PIP negoció en diferentes instancias con comisiones congresionales al respecto).

Lo que más me fastidia del documental es que los adversarios de la independencia (e.g. Luis Fortuño) argumentaban que esta consiste en “romper TODA relación con los Estados Unidos”.  Más aún, me chocó las aserciones de Alfredo Carrasquillo (el ahora esposo de la Alcaldesa de San Juan) quien con una retórica barata dice que la independencia ya no tiene relevancia hoy porque los países son ahora interdependientes, no independientes. ¿De verdad? Los países interdependientes hoy día son países independientes, que pueden hacer tratados internacionales, hacer acuerdos contributivos, adoptar una moneda propia o foránea, atraer capital de inversión de otros países del mundo, contratar marinas mercantes más baratas, ofrecer servicios a nivel internacional, etc. Esto puede incluir a los mismos Estados Unidos. No rompemos, sino que cambiamos nuestra relación de subordinación y coloniaje a una de respeto entre naciones soberanas y, mientras mantenemos nuestras relaciones amistosas con los Estados Unidos, abrimos nuestras puertas para acercarnos a los demás países del mundo, cosa que no podemos hacer hoy. Eso es lo que queremos decir los independentistas con ser libres, hacer todo lo que no podemos hacer hoy bajo el coloniaje.

Estos factores mencionados en combinación de todas estas aserciones infundadas con el hecho de que los que abogan por la independencia lo hacen por dignidad y principios, crean en el documental una apariencia tal vez no deseada por sus creadores, pero ciertamente no deseada por mí como independentista: que los que favorecemos la independencia queremos aislarnos del mundo y de Estados Unidos por puros principios éticos. ¡Esa NO es nuestra propuesta de independencia y NUNCA lo ha sido! En ese sentido me extraña muchísimo que aparentemente (no sé si fue por edición) los creadores del documental no se les preguntaran a los entrevistados independentistas en torno a un proceso de transición a la independencia, o el asunto de la ciudadanía, o la interdependencia a nivel internacional.  Este fallo hace una mala representación de nuestro ideal.

Creo que vale la pena ver el documental, pero, a la vez, hay un poco de desorden en cuanto a algunos de los temas presentados. El estadounidense que se siente a verlo tendrá que tener un poquito de paciencia para entender cabalmente nuestros problemas. Veremos qué ocurre al respecto.

Tagged with:
 

Aunque soy miembro del Movimiento Unión Soberanista (MUS), este artículo representa mi punto de vista, no necesariamente los del MUS.

Propuestas Absurdas …

Imaginemos un gobierno que legisle en Puerto Rico para votar por algo totalmente descabellado (ya estamos en ese tipo de gobierno, pero sigan leyendo … ).  Por ejemplo, el gobierno convoca al pueblo a un referéndum en torno al Bentley que se compró la modelo Maripily recientemente.  Usted vota “Sí”, si usted opina que Maripily debería quedarse con su Bentley; “No” si usted opina que ella debería cambiarlo por un Toyota Yaris.  En nuestra fantasía, podemos imaginar que dicho proyecto de ley pasa por el Senado, la Cámara de Representantes y es firmada por el gobernador.  El referéndum se llevaría a cabo justo en el momento de las elecciones, cuyo proceso conllevaría un costo adicional de $10 millones a $20 millones.  ¿Qué pensaríamos todos?

Pensaríamos que lo más probable nuestra legislatura y el gobernador deberían ser internados en Capestrano.  No obstante, imaginemos que estos distinguidos y honorables funcionarios nos dicen que “en una democracia, el pueblo tiene el derecho a expresarse”.  Es más, nos dice también “no desprecies nunca el poder del voto, porque el voto es tu derecho“.  Para todos los que amamos los ideales democráticos, estas frases nos apelan emocionalmente.  Ciertamente, debemos valorar nuestro derecho a votar por nuestros líderes, nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos.  Sin embargo, aun con toda esta apelación emocional, vemos con claridad que un voto en un referéndum en torno al Bentley de Maripily no merece un gasto de $10 a $20 millones, ni tampoco el esfuerzo de los funcionarios de colegio, ni tan siquiera el esfuerzo de la viejita de 90 años que en cada elección se suele levantar bien tempranito en la mañana para ir a votar. Estaríamos plenamente justificados al pensar que ese tipo de referéndum sería una pérdida miserable de tiempo y de dinero.

Reflexionemos al respecto.  ¿Por qué sería una pédida?  La contestación es tan sencilla como racional:  porque ese tipo de referéndum no tendría consecuencias políticas de ningún tipo.  ¡¿Qué rayos le importa al público si Maripily se compró un Bentley o no?!  (¡¿Escuchaste Vocero?!)

El plebiscito propuesto por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y modificado y adoptado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) es menos absurdo que eso, pero aun así absurdo en muchos sentidos.  Una vez más, surge la pregunta de si debemos participar o no en el plebiscito propuesto.  Mi respuesta es que no, porque, como en el caso del referéndum del Bentley de Maripily, no tendría efecto político alguno.

Un Plebiscito Claramente Amañado … 1998

Mucha gente que favorece el plebiscito se ha hecho de oídos sordos a los planteamientos que ahora hace el ex-gobernador Pedro Rosselló.  No es exactamente mi gobernador favorito (bastante lejos de eso), pero tiene la razón cuando está en lo correcto.  Bajo su gobierno se llevaron a cabo dos plebiscitos criollos:  el de 1993 y el de 1998.  Él resalta claramente el plebiscito del 98 como un ejemplo de un error que no se debe volverse a cometer.  Dicha consulta presentaba varias opciones, cuyas definiciones fueron impuestas a la “trágala” por el PNP, definiendo las opciones como le daba la gana, y se le dio más fondos a la estadidad que a las demás opciones.  Se diseñó el plebiscito para perjudicar al Partido Popular Democrático (PPD) al establecer una separación entre la opción del territorio y la de la libre asociación.  A ese problema se le añade el hecho de que Puerto Rico acababa de pasar por el estrago de un huracán ese mismo año.

El PPD, maestros de la indefinición, pero a la vez políticamente astutos, decidieron vaciar su rechazo al plebiscito y a las políticas de Rosselló en la opción de “Ninguna de las Anteriores”.  La ligera mayoría de los votantes, disgustados con esta consulta, votaron por “Ninguna de las Anteriores” (50.3%).  En aquella época el PIP participó bajo el razonamiento de “no dejar a los estadistas correr solos”, además de utilizar los trillados argumentos de “un voto más es mejor que un voto menos”, “esto es un momento propicio para educar sobre la independencia”, etc.  La mayoría del independentismo le dio la espalda al PIP, por lo que el resultado para la independencia fue un mísero 2.5%, el primero de varios cantazos que recibiría el PIP en el ámbito electoral desde entonces.  Ante el resultado de la opción de estadidad (46.5%), el estadoísmo estuvo en total negación en torno a los resultados, alegando que había ganado la estadidad por un 94.1%.  A fin de cuentas, fue el PPD (y gracias a ellos, la colonia) el que ganó en el proceso.  Ni la estadidad, ni la independencia (sin hablar de la libre asociación – 0.3%) adelantaron un centímetro a su causa.

Sin embargo, en Puerto Rico ocurre un proceso mucho más profundo con este acercamiento al status.  En esta práctica efímera de estos plebiscitos criollos, o esfuerzos de crear plebiscitos amañados mediante legislación federal (léase – Proyecto Fernós Murray o el Proyecto Young), el Congreso de Estados Unidos siempre ha concluído de la siguiente manera:  resuelvan primero el conflicto entre ustedes y después vengan a nosotros para discutir el status.  Esta es una excusa barata del Congreso de los Estados Unidos para atender lo que es su responsabilidad desde 1898.  Sin embargo, tampoco debemos desoír lo que tienen que decir.  A menos que no haya un proceso unitario para resolver el problema del status, no habrá un resultado político efectivo para su resolución, y tampoco el Congreso nos hará caso.  Esta es la razón principal para rechazar estos plebiscitos criollos.

El PIP Propone su Estrategia y el PNP la Adopta

Si hubo algo positivo que hizo el PIP durante el término de Aníbal Acevedo Vilá fue proponer algo que fue inmediatamente aceptado por los tres partidos políticos:  un referéndum para exigirle al gobierno de Estados Unidos que resolviera el asunto lo más pronto posible, y la elección de un mecanismo procesal para ello.  El pueblo podría elegir la Asamblea Constitucional de Status de entre las opcione ofrecidas como un mecanismo procesal.  Tras la aprobación unánime de los miembros de los tres partidos políticos en la legislatura, y después de reiteradas promesas de Acevedo Vilá para respaldar dicho proyecto de status, el gobernador determinó no firmarlo.  Ahora Aníbal dice que “está arrepentido” de no haber respaldado ese consenso tripartita.

Una cosa que a mí siempre me llama la atención es que los gobernadores siempre se arrepienten demasiado tarde de lo que no hicieron y que claramente (¡se caía de la mata!) pudieron haber hecho.  Una vez más, el PPD, especialmente sus líderes, son maestros del inmovilismo.

Ante la derrota del PIP en el año 2008 (2.0%), especialmente con un candidato del calibre de Edwin Irizarry Mora (quien, en mi opinión, hubiera sido un excelentísimo gobernador de Puerto Rico), ese partido empezó a hacer denuevo una “reevaluación” de sí mismo.  Uno de los resultados de esa reevaluación aparentemente incluyó la molestia de muchos sectores del independentismo a la tendencia del PIP a participar en los plebiscitos criollos.  De hecho, el mismo Rubén Berríos Martínez, con su boca de comer, en el programa radial Fuego Cruzado, había dicho que ya se había acabado el favorecimiento a los plebiscitos criollos porque no daban ningún resultado.

¡Cuánta sorpresa no sería del independentismo en general cuando no fue sino el mismo PIP que planteó la necesidad de … (¡adivinen!) … un plebiscito criollo!  Este plebiscito fue adoptado por el PNP y rechazado por el PPD.  ¿Cuál será la estrategia del PPD ante el plebiscito?  Solamente Dios lo sabe.  Al menos el MUS no irá al plebiscito.  ¡Buena decisión!  El PIP y el PNP irán al plebiscito.   Los muy queridos amigos de Alianza Pro-Libre Asociación Soberana (ALAS) también participarán (estrategia que considero totalmente equivocada).

La razón de por qué el PIP y ALAS estarán detrás de este plebiscito se debe a que el pueblo responderá a dos preguntas.  La primera esencialmente pregunta si Puerto Rico desea continuar bajo la cláusula territorial o no.  La segunda, pregunta en torno a si queremos ser un estado, o una república independiente, o ser un “Estado Libre Asociado Soberano”.  En el caso de ambas organizaciones, el favorecimiento a este plebiscito yace en la primera pregunta.  Si los puertorriqueños en general rechazan el coloniaje, entonces ya ni Estados Unidos ni el PPD pueden alegar que es nuestro deseo continuar con el presente status quo.  Como el movimiento pro-estadidad, el independentismo y el libre-asociacionismo son mayoría absoluta sobre la opción de la colonia, el resultado inevitable es el de un claro rechazo de parte de la mayoría de los puertorriqueños al presente coloniaje.

En el caso particular del PIP, no en el de ALAS, también hay otro interés y es que ante la derrota aplastante del PIP en las elecciones, el PIP quiere ser relevante para la discusión del status, sino, muere como partido político.  El problema es que la muerte del PIP está sellada a nivel electoral.  Antes, el PIP tenía que convencer a los independentistas, incluyendo a los de otras organizaciones que votaran por este.   Sin embargo, ante el quebrantamiento de la palabra del PIP de no volver a participar en plebiscitos criollos, y ante el hecho de que ninguna otra organización independentista (incluyendo a aquellas que tradicionalmente han estado del lado del PIP en las elecciones) está en la disposición de participar en este plebiscito, auguro que los votos para el PIP en el 2012 van a ser menos que los del 2008. Ante la inscripción del MUS y del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), se le restarán votos al PIP.  Lo siento por el querido amigo Juan Dalmau, quien es una persona inteligente, talentosa, con mucha voluntad para ayudar a nuestro pueblo, pero con esta actitud pipiola, no volverá a inscribirse el partido y, a mi juicio, pasará a la historia.

Las razones del PNP son otras, y he aquí por qué el supuesto “claro” mandato de rechazar a la colonia no será tan claro.  El plebiscito está diseñado para perjudicar al PPD al crear una división entre sus miembros.  Por un lado, una buena parte de los populares rechaza el coloniaje (o todavía creen el mito de que no somos colonia), por lo que nunca votarían por el coloniaje en la primera pregunta del plebiscito.  Por otro lado, la mayoría del PPD no está clara en torno a lo que quiere decir “Estado Libre Asociado Soberano”: ¿es el ELA con más poderes?  ¿Es libre asociación soberana como lo reconoce el Derecho Internacional?  ¿Perderíamos la ciudadanía americana?  Por supuesto, ALAS asumiría el liderato de esa opción, por lo que le tocaría a ellos explicarla.  Sin embargo, el pánico que sienten muchos miembros del liderato popular a la palabra “soberanía” los hará irse en contra de esa opción y dirigirán sus esfuerzos contra cualquier discusión de un Puerto Rico soberano.  Como resultado, el plebiscito intenta debilitar al PPD.

Más aún, esto se celebraría durante las elecciones, un momento clave para el PNP ante el evidente fracaso de la administración Fortuño y el estado de desesperación del país a causa del desempleo y el aumento vertiginoso de la criminalidad.  Al menos parte del liderato del PNP piensa que al abogar por la estadidad y a hacer campaña a su favor, el PNP podrá evadir el tema del fracaso de Fortuño para concentrarse en las “bondades de la estadidad”.  De esta manera, ante un PNP fortalecido con esta estrategia y un PPD debilitado por la división, haría que el PNP ganara las próximas elecciones del 2012.

¿Por qué Falla la Propuesta?

La pregunta de muchos que favorecen este proceso es ¿por qué no participar?   Mi pregunta a ellos es:  ¿Por qué participar?

  1. El plebiscito propuesto no es un proceso serio de status.  El PNP lo ha garantizado más allá de toda duda.
  2. Al igual que en 1998, el pueblo no se encuentra en un ambiente de discusión seria de estos asuntos, ya que está abrumado por el colapso económico de Puerto Rico.  El argumento de “educar al pueblo” en una época electoral se cae, ya que los puertorriqueños van a estar más concentrados en los candidatos a la gobernación y a la legislatura que al problema del status.
  3. Un plebiscito junto a las elecciones confundirán al pueblo. (Nota:  Por favor, no me vengan a decir que “el pueblo sabe más que esto” y que “estoy subestimando la sabiduría del pueblo”.  Mi experiencia me dice que esto no es así.  Si hubiera solamente un planteamiento en el referéndum, no tendría mucho problema en este aspecto.  Sin embargo, de aquí a las elecciones, las campañas políticas confundirán al pueblo de una manera espectacular: haran campaña para la abstención, para participar, para votar por esto, para no votar por aquello, para mezclar la estadidad con Fortuño, para acusar a los estadolibristas de estadistas de closet, etc.  En un plebiscito sencillito como el de 1998, no hubo manera de desligar ese plebiscito con la situación del país, prácticamente convirtiéndose en un plebiscito “administración Rosselló ‘sí’ o ‘no'”.  ¿Cón qué base se va a alegar que el pueblo no hará lo mismo en el plebiscito propuesto?  Lo más probable es que, al igual que 1998, los resultados no tendrán nada que ver con la preferencia de status y mucho que ver con el estado de ánimo de los votantes en relación con Fortuño y su administración.  También, mi experiencia como funcionario de colegio es que todo ese proceso también será confuso para mucha gente que desea votar.  Ahora con las nuevas máquinas de conteo de votos —EN LAS QUE YO NO CONFÍO— será más confuso todavía para los que no están acostumbrados a ese sistema.)
  4. El mero hecho de que el plebiscito va a estar amañado por el circo local hará que Estados Unidos ignore por completo los resultados.  Si el PPD va a una abstención o a una campaña de daño a la papeleta, o a votar en blanco, entonces el Congreso no interpretará los resultados como un “claro” rechazo al coloniaje.
  5. Se crearán nuevas divisiones en el pueblo de Puerto Rico.
Para enfrentar de manera efectiva al Congreso, hay que ir con una sola voz, y con una sola voz EXIGIRLE que atienda el problema del status.  Por esa razón, debemos presionar a todos los partidos políticos a utilizar un mecanismo procesal unitario como la Asamblea Constitucional de Status.  La última vez que se discutió seriamente el problema del status fue cuando se discutieron los Proyectos Johnston (1989-1991) y el Proyecto de Ron de Lugo (1989-1990).  El proceso fue serio porque se unieron los partidos políticos en una sola voz.

Noten que no me importa que se lleve a cabo un plebiscito que, aunque criollo, tenga valor estratégico.  Estoy de acuerdo con muchos que aunque desde un punto de vista moral no se debería ofrecer a un pueblo el coloniaje como opción, yo no tendría ningún problema si tuviera algún efecto político para la descolonización.  El problema es que el plebiscito propuesto ahora, como está diseñado, tendrá poca o ninguna consecuencia política para la descolonización y mucho menos para la independencia de Puerto Rico. Las razones que acabo de señalar deben ser suficientes para descartar cualquier participación en esa farsa. En ese sentido, esta consulta no sería distinta al referéndum en torno al Bentley de Maripily.  Será una pérdida de tiempo y de dinero.

En tal caso, lo que procede es el boicot.

=-=-=-=-=
Powered by Blogilo

Tagged with:
 

Puerto Rico Celebra Otro Año de Coloniaje

On July 26, 2010, in Politics, Puerto Rico, by prosario2000

Recientemente, gracias a un reporte (¡¡¡de $290.00!!!) del Economist Intelligence Unit (EIU), una unidad de estudios económicos de la revista The Economist, sabemos que Puerto Rico no se encuentra en buenas condiciones. Según lo que se ve de su resumen en torno a Puerto Rico, las condiciones de inversión y comercio no son las mejores en este momento. Dice que Puerto Rico es el país que peor está económicamente, superado sólo por Haití. No es la primera vez que la revista The Economist barre el piso con nosotros. Un artículo anterior publicado en esa revista se titulaba Puerto Rico: Trouble in Welfare Island (aquí pueden encontrar una versión accesible del artículo). Es un poco vergonzoso ser descrito en palabras vulgares como "la isla del mantengo".

Esta caída económica y moral de los puertorriqueños se debe a varios factores. Uno de ellos tiene que ver con el colapso de la economía global, en la que los países están haciendo todo lo posible por superar su situación. El segundo factor tiene que ver con los programas neo-conservadores que lleva a cabo gobernador Luis Fortuño y la Legislatura.

Ahora bien, aunque estos dos factores juegan un rol en el colapso económico de Puerto Rico, hay que señalar que una gran parte (tal vez la principal) de por qué ocurre esta situación se debe al famoso problema del status. Hoy los puertorriqueños no quieren pensar en el status porque no ven relación alguna de ese tema con sus necesidades inmediatas. Sin embargo, tiene todo que ver. El colapso no es meramente uno causado por el gobierno, sino que es uno sistémico.

La economía mundial se empezó a derrumbar cuando colapsó una burbuja que se creó por una ficción: que ciertas deudas estaban a la par con la realidad financiera de los consumidores. Esta ficción llevó al mundo a un estado de desesperación cuando se descubrió el desfase entre el crédito y la situación económica de gran parte de los consumidores a nivel mundial.

En Puerto Rico, gran parte de nuestra economía cayó por eso mismo. Se siguieron concediendo permisos para la construcción descontrolada de casas y apartamentos de lujo, que al fin y al cabo nadie puede comprar. Basta con darse una vuelta por el Área Metropolitana, Caguas, Mayagüez, entre otras ciudades y pueblos para uno darse cuenta de la cantidad de casas y apartamentos totalmente vacíos. No se diga la construcción desproporcionada de carreteras, hoteles y centros comerciales. Incluso, en años anteriores, había explotado en crisis el sector de la construcción, en vez de dejar que esa industria fracasara y cayera, Aníbal Acevedo Vilá trató de financiarla para tratar de salvar lo insalvable, así malgastando una cantidad importante de las finanzas de Puerto Rico, ahondando más la crisis.

Sin embargo, mi punto es que construir una economía sobre una ficción lleva inevitablemente a una crisis. Ayer se celebró una ficción llamada "Estado Libre Asociado", que supuestamente fue el status político que "trajo la prosperidad" para Puerto Rico. En realidad todo lo que hizo la Ley 600 fue tornar un territorio no-organizado a territorio organizado, relativamente autónomo del gobierno federal en algunos aspectos (e.g. "la autonomía fiscal"), pero sujeto al Congreso de los Estados Unidos tal y como determina el Tratado de París (1898). Los fondos federales y la atracción de capital estadounidense, los factores que llevaron al crecimiento económico, existían desde antes de 1952. Puerto Rico creció económicamente, pero no se desarrolló debido a una ficción que se creó ese mismo año.

A pesar de que algunos quieren ver al status como un problema irrelevante para el puertorriqueño promedio ahogado en medio de una crisis, en realidad es su causa indirecta, pero fundamental. La crisis financiera a nivel mundial ha contribuido a desmoronar el ELA y hacerle descubrir al puertorriqueño promedio que esta bonanza de la que gozamos desde los años cincuenta se acabó. Este status se ha mantenido gracias a disposiciones especiales del Congreso para la atracción de capital estadounidense cuya culminación fue la Sección 936. Los gobiernos han abogado por zonas empresariales, la Sección 30A y la Sección 951, sin éxito alguno. El segundo pilar de esta ficción fue la emigración masiva de puertorriqueños a Estados Unidos, y esto ha llegado a un nivel que hoy día existe aproximadamente la misma población de puertorriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico. Como destaca el economista Francisco Catalá, Puerto Rico prosperó gracias a que se exportó más mano de obra a Estados Unidos mediante la emigración, que la que se empleó gracias a Operación Manos a la Obra. El tercer pilar del ELA ha sido las transferencias federales al gobierno y a los individuos.

Se eliminaron los beneficios de la Sección 936 por razones que tienen poco que ver con Carlos Romero Barceló o Pedro Rosselló, sino más bien con intereses internos de los Estados Unidos y la expansión global del capital norteamericano a partir de diversos tratados de libre comercio y acuerdos internacionales (vea aquí los detalles). En 1947 cuando empezó a correr Operación Manos a la Obra, la situación internacional era distinta: había una Guerra Fría, Europa se hallaba en una situación de desastre a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y finalmente ni India, ni China ni los tigres de Asia eran potencias económicas. Hoy día, la situación es distinta: hoy hay bloques económicos y acuerdos comerciales entre naciones a nivel mundial, Europa rivaliza como potencia económica a los Estados Unidos, y China e India se están convirtiendo ahora en nuevas potencias mundiales. ¿Y Puerto Rico? Como dicen por ahí "muy bien, gracias".

Pero "muy bien" no es como anda. El ELA ya no tiene cabida en el mundo contemporáneo. Hoy se entrelazan naciones soberanas e independientes para el intercambio comercial, provisión de servicios, y de acuerdos de solidaridad. En un mundo como éste ya no hay lugar para disposiciones especiales como la Sección 936. Las leyes de cabotaje, por las que perdemos más de $500 millones al año, nos pone en una seria desventaja a nivel mundial. El no poder acercarnos de tú-a-tú con otros países, para vender o intercambiar servicios, para poder viajar a otros países a un costo más bajo, o firmar algún acuerdo con países como China, o bloques económicos tan diversos UNASUR o la Unión Europea, o formar parte de Petrocaribe, el CAFTA, el ALBA, o UNASUR. Todos estos mecanismos son los que tienen los demás países del mundo para recuperarse. Hoy día, aún en medio de la recesión mundial, casi todos los países de Latinoamérica están mejor que nosotros (con la excepción de Haití) en cuanto a poder utilizar las herramientas que le provee la soberanía política y la independencia para salir de sus problemas.

Puerto Rico es el único país de Latinoamérica que piensa que la mejor estrategia económica es seguir vistiendo la camisa de fuerza que es el coloniaje disfrazado de ELA. José de Diego decía que Puerto Rico es parte de la bola del mundo, y hoy día lo estamos viendo en vivo y a todo color.

El periodista Jesús Dávila, recordando a The Truman Show, me dejo hace algunos años que el país acaba de chocar con el horizonte. La ventaja del protagonista de esa película es que se dio cuenta al final que todo era una ficción y decidió no vivirla más. El puertorriqueño promedio todavía no quiere dar cuenta de lo que sucede. Está todavía en negación.

Esto no se va a resolver con más trasferencias federales de Estados Unidos. A fin de cuentas, éstas no son la fuente de desarrollo económico en ningún país, ni tan siquiera en Estados Unidos. La inmensa mayoría de esos fondos federales, que según Caribbean Business suman $20 mil millones, prácticamente sólo el 20% de esa cifra corresponde a las aportaciones netas del gobierno federal (aproximadamente $4 mil millones). El resto de ese dinero proviene de nuestro propio bolsillo:

  • Algunos son pagos de nuestro gobierno, cuyos fondos provienen de los contribuyentes. Por ejemplo, programas como el PAN son parcialmente pagados por el gobierno federal (50%), y lo demás pagado por el gobierno de Puerto Rico (50%). Cabe indicar que estos fondos, aunque aumentan cuantitativamente, en proporción con la población puertorriqueña ha ido reduciéndose paulatinamente. En 1977, el 56% de la población participaba en ese programa, para el 2005 era cerca de un 26%, aunque esto podría aumentar debido a la presente crisis económica y los despidos masivos.
  • Algunos son productos de aportaciones que los puertorriqueños hemos hecho al gobierno federal y que ahora nos devuelve. Éstos incluyen el Seguro Social, los beneficios de veteranos y las pensiones federales son derechos adquiridos, y constituyen prácticamente el 80% de los fondos federales que reciben los puertorriqueños. Por ser derechos adquiridos, este dinero no se perdería si Puerto Rico se vuelve independiente.
  • También caben aquí otros tipos de aportaciones escondidas que hacemos los puertorriqueños: los impuestos federales por el uso de teléfonos móviles, o teléfonos de línea, o internet, pagos a FEMA en calidad de seguro federal si usted hipoteca una casa que se encuentra en un área inundable, pago por registro de derechos de autor en la Biblioteca del Congreso, y así por el estilo.

Vale la pena señalar que esos $4 mil millones serían compensados en un país independiente y soberano, porque Puerto Rico abriría sus puertas a varias fuentes de capital que hay a nivel mundial, y a las que no tenemos acceso hoy por tener la camisa de fuerzas del ELA encima.

El ELA es el status de las cuatro columnas: mercado común, moneda común, defensa común y ciudadanía común. La realidad económica global le da en la cabeza a cada puertorriqueño con esas cuatro columnas. Ya no somos los que tenemos mercado común, ahora los demás países lo tienen. Muchos países quieren prosperar buscando alternativas al dólar para que se garantice la solidez financiera y comercial a nivel mundial, mientras que nosotros no podemos manejar efectivamente nuestra crisis fiscal porque estamos atados al dólar. La defensa común ya es mayormente un pasado que no volverá debido a los grandes avances tecnológicos de la milicia estadounidense. Y la ciudadanía americana no vale cuando vivimos en un territorio no-incorporado a Estados Unidos, y que de todas maneras no perderíamos si fuéramos independientes.

Ayer no se celebró el ELA sino el coloniaje como institución: conmemoramos la invasión estadounidense a Puerto Rico, la farsa del Estado Libre Asociado, y la muerte de dos independentistas en el Cerro Maravilla. Nada de esto es motivo para celebrar, sino que debe llevarnos a una reflexión seria de hacia dónde debemos llevar a nuestro país y construir un proyecto de futuro para nuestro Archipiélago, Puerto Rico.

¡Despierta borinqueño! ¡Lee las señales de los tiempos! Con un status soberano como la independencia no perderás nada sino solamente tus cadenas.

=-=-=-=-=
Powered by Blogilo

¿Quién Asesinó a la Sección 936?

On June 15, 2010, in Politics, by prosario2000

¿Quién Asesinó a la Sección 936?

Detective

Introducción

Puerto Rico se encuentra en un momento crítico de su historia. El pueblo ha visto el continuo desmantelamiento del modelo económico que lo llevó a ser un centro de inversión exitoso en este continente. De hecho, a principios de la década del noventa, llegó a ser el centro de inversión norteamericana más importante del mundo. Sin embargo, fue en esa misma década, específicamente después de 1993, que se experimentó una reducción paulatina de dichas inversiones. Las corporaciones estadounidenses ya no estaban tan interesadas en invertir en Puerto Rico, porque los beneficios que habían gozado desde los años setenta estaban desapareciendo.

No faltan los "analistas" políticos de televisión o de radio quienes afirman que toda la culpa es de la administración del Dr. Pedro Rosselló y la intervención del entoncescomisionado residente, Carlos Romero Barceló. Ellos, según estos analistas, fueron los culpables de tal crimen. Eso casi se equipara a una traición a la patria a nombre de la estadidad. Romero decía que la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal no era otra cosa sino un "mantengo" corporativo, a la vez que era una sección inmoral que permitía a las grandes corporaciones norteamericanas "salirse con la suya" a nivel contributivo. Sin embargo, a principios de la administración de Rosselló, este gobernador abogó por que no se eliminaran los beneficios de la Sección 936. ¿Quiere esto decir que un gobierno estadista comenzó su administración defendiendo una inmoralidad?

El propósito de este escrito es buscar, en espíritu detectivesco, quién es el verdadero culpable de este asesinato, esta movida vil y malvada que, según muchos, es la razón principal de nuestra debacle económica. Sin embargo, cualquier investigación detectivesca debe tener en cuenta quién fue la víctima. Solamente así sabremos quiénes pudieron haber estado en contra de esta pobre Sección del Código de Rentas Internas, que nutría de capital la economía puertorriqueña.

¿Qué fue la Sección 936?

La Sección 936 fue una disposición del Código de Rentas Internas Federal que otorgaba beneficios a aquellas corporaciones estadounidenses que invirtieran en territorios. El uso de esta sección en la política estadounidense para Puerto Rico fue el resultado de una larga trayectoria que comenzó a finales de la década del cuarenta y que fomentó el crecimiento de la economía puertorriqueña.

Desde la invasión estadounidense a Puerto Rico a raíz de la Guerra Hispanoamericana, se estableció una política de producción azucarera, dominada por cuatro grandes corporaciones norteamericanas. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, se estableció una política de industrialización de Puerto Rico conocida como "Operación Manos a la Obra" (Operation Bootstrap), y se aprobó la Ley de Incentivos Industriales, especialmente con el auspicio y dirección de Teodoro Moscoso. Se utilizó en aquel entonces la Sección 931 del Código de Rentas Internas federal con el propósito de incentivar la inversión de capital estadounidense y fomentar la manufactura en Puerto Rico. La Sección 931 concedía créditos contributivos sobre ganancias obtenidas en el exterior de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, que se consideraba jurídicamente como territorio no-incorporado a Estados Unidos (es decir, pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos).

Como manera de incentivar la industrialización, se estableció la Administración de Fomento Económico y el Banco Gubernamental de Fomento, a la par con la creación de la autoridad de Puertos y la Compañía de Turismo, entre otras agencias, como subidiarias de Fomento (Irizarry, 2001, pp. 69-70). Operación Manos a la Obra consistió básicamente en promover la inversión de capital norteamericano usando seis incentivos (Irizarry, 2001, pp. 70-71):

  1. El ofrecimiento de mano de obra barata.
  2. Exención contributiva sobre ganancias de empresas estadounidenses establecidas en Puerto Rico. Se les estaría proveyendo también exención contributiva sobre pagos a patentes, contribuciones municipales, y sobre arbitrios.
  3. El ofrecimiento de la infraestructura económica para que operen estas empreas manufactureras. El gobierno proveería la construcción y mantenimiento de electricidad, acueductos, puertos, telecomunicaciones y edificios industriales y comerciales.
  4. El ofrecimiento de acceso libre al mercado estadounidense mediante exención contributiva sobre impuestos aduaneros.
  5. El ofrecimiento de adiestramiento de mano de obra.
  6. Financiamiento para el capital de trabajo para aquéllas empresas que lo solicitaran.

Hubo un crecimiento de la economía puertorriqueña, y un proceso de industrialización exitoso. Dentro del contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos utilizaba a Puerto Rico como ejemplo de las bondades del capitalismo y la democracia vis á vis los males del socialismo comunista.

Sin embargo, en la década de los setenta hubo otra crisis económica en Puerto Rico, en gran medida por factores geopolíticos y factores internos de la economía puertorriqueña. A finales de los años sesenta y principios de los setenta, ocurrió un conflicto importante en el Medio Oriente. Se trataba de dos guerras, la Guerra de Desgaste (1968-1970), y la Guerra de Yom Kippur (1973-1974). Estos conflictos incrementaron significativamente el precio del petróleo a nivel mundial. Esto afectó a Puerto Rico porque elevó los costos de producción, encareció la mano de obra, e hizo más difícil la creación de empleos. A nivel global, Estados Unidos tuvo un problema al no poder repatriar dólares que se encontraban "cautivos" en los bancos europeos, y esto representó un problema fiscal para el gobierno federal en medio de una crisis financiera. A la misma vez, el Informe Tobin (1976) afirmaba que la Sección 931 propiciaba ciertos abusos de las corporaciones estadounidenses, y permitía la fuga de miles de millones de dólares, cosa que contribuía a la devaluación del dólar.

Para remediar estas situaciones, y continuar utilizando a Puerto Rico como centro manufacturero para el mercado norteamericano, el gobierno federal creó la Sección 936 del Código de Rentas Internas, que comenzó a operar desde 1976. Esta sección disponía unos incentivos adicionales, especialmente el depósito de ganancias obtenidas en territorios en bancos comerciales de esos territorio, y que tales ganancias depositadas en el sector bancario fueran repatriadas a sus casas matrices en Estados Unidos libres de impuestos federales.

Por su parte, el gobierno de Puerto Rico le otorgó un 90% de exención contributiva a ganancias generadas en Puerto Rico, y a la misma vez tomó una iniciativa para que la repatración de ganancias no representara una fuga de capital de Puerto Rico que pudiera desembocar en la descapitalización del sector bancario. Esta iniciativa fue el impuesto de peaje (Toll Gate Tax). Éste consistía de un impuesto de 10% de las ganancias repatriadas a Estados Unidos, aunque históricamente su tasa real fue de aproximadamente un 4.5% (Irizarry, 2001, p. 235).

Con esta sección, Puerto Rico llegó a ser el primer lugar de inversión de compañías estadounidenses a nivel mundial. Uno podría decir: "Y los puertorriqueños vivieron felices para siempre …" … Sabemos que no fue así. Puerto Rico se halla hoy día en un hoyo financiero, en gran parte porque alguien "malvado" asesinó dicha sección. Voy a considerar ahora una lista de posibles sospechosos.

Sospechosos del Asesinato

Gobernador Pedro Rosselló y Comisionado Residente Carlos Romero Barceló

Pedro RossellóCarlos Romero Barceló

Los primeros dos sospechosos de este vil asesinato son el Dr. Pedro Rosselló González, y el ex-gobernador y ex-comisionado residente Carlos Romero Barceló. Durante la época de la administración de Rosselló (1993-2000), ambos argumentaron ante el Congreso de los Estados Unidos a favor de la eliminación de la Sección 936. Es un hecho indiscutible que ambos cabildearon en contra de la Sección 936, y que como acto subsiguiente ésta se eliminó. Aquéllos que los acusan, especialmente algunos en el Partido Popular Democrático (PPD), argumentan que lo hicieron porque Rosselló y Romero vieron la Sección 936 como un obstáculo para la estadidad. Supuestamente, según ellos, al eliminar la Sección 936, Puerto Rico se acercaba más a la estadidad federada.

Aunque ellos dos tuvieron un pequeño rol en el crimen, ellos no fueron las mentes malvadas detrás de esto. En primer lugar debemos recordar que el Partido Nuevo Progresista (PNP), antes de 1993, siempre estuvo a favor de la Sección 936. Durante el periodo de 1976 a 1992, no era un secreto para el movimiento estadista puertorriqueño que la Sección 936 era un obstáculo importante para la estadidad. Todos los líderes estadistas sabían en aquel entonces que si Puerto Rico se volvía estado de la Unión, no habría corporaciones 936. De hecho, en aquel entonces todo Puerto Rico conocía este hecho indiscutible. En un mensaje televisado el 27 de octubre de 1980, Rubén Berríos Martínez (1983), presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), usaba este argumento, entre otros, para explicar por qué la estadidad federada es imposible. Debemos recordar que el ex-gobernador Luis A. Ferré (PNP), durante su administración (1968-1972), incentivó la Sección 931, y posteriormente fue un ardiente defensor de la Sección 936. Cuando Romero Barceló fue gobernador de Puerto Rico (1976-1984), él también hizo todo lo que podía para maximizar los beneficios de la Sección 936. Es más, al comienzo de la administración PNP de 1993, Pedro Rosselló mismo comenzó defendiéndola. Ésta no es una situación distinta a la del gobernador y del comisionado residente hoy día cuando intentan defender a toda costa los beneficios de la Sección 901, sección que sólo es aplicable a países extranjeros. De acuerdo con el gobernador Fortuño, hay que defender las habichuelas hoy, y dejar para después la lucha por la estadidad. En otras palabras, su promesa de un Plan Tenessee boricua se lanzó al zafacón.

Como si no fuera poco, a pesar de que el PNP bajo la administración Rosselló terminó rechazando y cabildeando contra la Sección 936, adoptó como nueva estrategia la aceptación de la Sección 30-A. Esta sección fue un "remanente" de la Sección 936 que disponía un crédito contributivo federal con base en los salarios pagados por las corporaciones estadounidenses. Tanto el gobernador como el comisionado residente cabildearon por la permanencia de la Sección 30-A, cuya fecha de eventual eliminación era la misma de la Sección 936, el año 2005. Estos esfuerzos no dieron fruto. Irónicamente, aunque fue un gobierno estadista el que lo promovía, la Sección 30-A también era incompatible con la estadidad. Rosselló y Romero no son estúpidos. Ellos sabían perfectamente bien que la Sección 30-A era incompatible con la estadidad, y que definitivamente no ayudaba a que Puerto Rico se acercara un milímetro a esa meta ideológica.

Por otro lado, muchos olvidan que esta movida extraña del Dr. Rosselló en contra de la Sección 936 coincidió también con otra actitud de su administración que todavía hoy no es comprensible. En 1993, el Presidente Bill Clinton quiso impulsar de una vez y por todas un tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México conocido como el North American Free Trade Agreement (NAFTA). Todo el mundo sabía en Puerto Rico que este tratado de libre comercio iba a ser perjudicial para la economía de Puerto Rico. En 1983, el Presidente Ronald Reagan había creado la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) también conocida como el Plan Caribe, que permitió a varios países del Caribe (excepto Cuba) tener libre acceso al mercado estadounidense. NAFTA iba aumentar significativamente este libre acceso ya que no sólo concedía a México libre acceso al mercado norteamericano, sino también era el inicio de la creación de un bloque de libre comercio conocido como el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). Además, NAFTA aumentaba significativamente la inversión norteamericana en México, y este país estaría buscando incentivos para atraer lo que en aquel entonces eran las corporaciones 936. Aunque Puerto Rico gozaba desde 1900 libre acceso al mercado estadounidense, para todos los efectos prácticos Puerto Rico estaría entrando paulatinamente en desventaja con respecto a países vecinos en cuanto a su acceso al mercado estadounidense.

¿Cuál fue la actitud del gobernador de Puerto Rico en aquel entonces? Inexplicablemente, él se declaró a favor del NAFTA. ¿Por qué se declaró a favor de algo que a todas luces perjudicaría la economía de Puerto Rico? Mi hipótesis no confirmada es la siguiente: algo se negoció con el gobernador de Puerto Rico para que él estuviera a favor del NAFTA y estuviera de acuerdo a la eliminación de los beneficios de la Sección 936. Da la mera casualidad que después de este cabildeo en contra de la Sección 936, se radicó en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley para hacer de Puerto Rico un territorio incorporado. Al pasar a territorio incorporado, Estados Unidos se comprometía con Puerto Rico a convertirlo estado de la Unión. Este proyecto nunca prosperó, no sólo porque hubo oposición por parte de los estadolibristas e independentistas, sino también porque hubo oposición en ciertos sectores del estadoísmo que consideraron que la estadidad debe ser un derecho dado de una vez, no paulatinamente. Más adelante se radicó el infame Proyecto Young (H.R. 854) que fue aprobado en la Cámara de Representantes federal, pero no se consideró en el senado.

¡Claro está! Ésta es sólo una hipótesis que espero investigar más a fondo eventualmente. Ahora bien, resulta bien extraño acusar sólo a Rosselló y a Romero por la desaparición de los beneficios de la Sección 936 dado este trasfondo histórico.

Segundo Sospechoso: Newt Gingrich

Newt Gingrich

De vez en cuando y de cuando en vez, siempre hay alguien que argumenta que la razón de por qué se eliminó la Sección 936 se debió a un conflicto entre Newt Gingrich, el presidente de la Cámara de Representantes federal (1995-1999), y el Presidente Bill Clinton. De acuerdo con el argumento, Bill Clinton quiso conservar a toda costa la Sección 936, pero de alguna manera Gingrich, a través de un proceso de "tensas" negociaciones, convenció al presidente de eliminar dichos beneficios corporativos a cambio de otros beneficios. Clinton, pues, no tuvo "más remedio" que eliminar la Sección 936 si quería que pasaran algunas reformas económicas para Estados Unidos.

Esto suena como si al Presidente de Estados Unidos le pesara en el alma haber llevado a cabo este asesinato. A fin de cuentas,el PPD invirtió una enorme cantidad de dinero cabildeando a favor de las corporaciones 936. De hecho, se celebró unas elecciones para presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, y los candidatos fueron Romero y Celeste Benítez. ¿Cuál era el centro del debate? La Sección 936. ¿Quién ganó? Celeste Benítez …. y aún así se eliminó la Sección 936.

Sin embargo, este argumento no me convence. Todavía recuerdo cuando el Presidente Bill Clinton se dirigió por primera vez al Congreso de Estados Unidos, en el que se discutierion las reformas a la economía estadounidense. Clinton, como todo buen demócrata, estaba a favor de establecer restricciones federales a las corporaciones estadounidenses con el propósito de recaudar fondos para el fisco federal. De hecho, debido a muchas de estas reformas, la administración de Bill Clinton terminó con un superávit, y hoy se sabe que sus medidas económicas tuvieron resultados bien importantes para Estados Unidos.

Una de las reformas que Clinton tuvo en mente desde el principio era la eliminación de los beneficios de la Sección 936. Bob Woodward (1995) nos cuenta:

That evening, April 27 [of 1993], the Clintons invited Pat Moynihan and his wife Elisabeth to the White House for a private dinner. Moynihan was not happy with the overall economic plan, and felt he had not been consulted enough about it. In effect, the White House had just handed it to the House and Senate, saying, here, pass this.

Moynihan wanted to introduce Clinton to sensitive real-world politics. For example, there was one item in the economic plan that would have to be dropped, a proposal to eliminate the tax subsidy for U.S. corporations doing business in Puerto Rico. Known by its title, section 936, the subsidy was, Moynihan granted, of course, indefensible. One company received a tax break of about $500,000 per worker. Some pharmaceutical firms got $150,000 per worker.

But that wasn’t the point. Moynihan painted a doomsday scenario of what would happen if the tax credit were to be dropped. First, American firms would pull out of Puerto Rico, causing the unemployment rate to double to about 30 percent and creating economic crisis. A political crisis would follow. Puerto Rico faced an upcoming plebiscite on statehood, and if the tax break were eliminated the politicians could argue that it never would have happened if the territory had two U.S. senators. Statehood would then pass the plebiscite, Puerto Rico would apply for statehood, and Congress would of course reject the application. In all, it would be a political nightmare. How would the United States look in the world? So the tax, which would save some $5 billion over four years, just couldn’t be done, Moynihan said. he could never let such a proposal out of the Finance Committee – for reasons, he noted, that couldn’t be explained publicly (pp. 198-99).

Así que Bill Clinton sí consideró la eliminación de los beneficios 936. Lo que hizo Clinton fue posponer su eliminación en algún momento propicio. El mensaje de Clinto a Celeste Benítez y a los cabilderos a favor de la Sección 936 fue: "Más pudo el interés que el amor que te tenía".

Eso nos lleva a nuestro último sospechoso y, a mi juicio …

¡El Culpable! El Congreso de los Estados Unidos

Congreso de los Estados Unidos

Sí … el Congreso de los Estados Unidos. ¡Ése es el culpable! ¡Piénsenlo! El Congreso es el único que estaba presente durante estos sucesos desde el principio. Tenía los medios para liquidar la Sección 936: su facultad de legislar. De hecho, tiene la facultad de legislar para Puerto Rico desde la invasión estadounidense de 1898. Tenía la oportunidad de hacerlo. Aprobó su eliminación, ratificada por la firma del Presidente Clinton. Y, es más, tuvo el motivo para eliminar la Sección 936.

Desde 1983 había quejas en el Congreso de los Estados Unidos en torno a dicha sección del Código de Rentas Internas Federal, y desde entonces se planificaba eliminarla. De los tres partidos políticos, sólo el PIP fue el que predijo que arde o temprano eso ocurriría, por lo cual había propuesto entonces que a las corporaciones 936 se les tratara como corporaciones foráneas controladas.

¿Por qué se molestaron varios congresistas? La Sección 936 ayudó a capitalizar Puerto Rico, e hizo crecer varios sectores de la economía, pero no fomentó el desarrollo económico. Las corporaciones 936 operaban en calidad de enclaves, es decir, como empresas que generaban ganancias, pero estaban relativamente aisladas de otros sectores económicos, no estaban integradas a otros sectores de la economía. Puerto Rico no supo coordinar bien los esfuerzos para que esas ganancias generadas por estas corporaciones fluyeran de manera más efectiva a otros sectores económicos. Tampoco benefició significativamente la economía caribeña, ni tan siquiera mediante la dinámica de las famosas plantas gemelas.

Desde la perspectiva del Congreso de los Estados Unidos, estas compañías 936 se establecieron en Puerto Rico con el objetivo de evadir contribuciones federales. Para 1993, las 936 había creado cerca de 80,000 empleos directos y 70,000 indirectos, y no 300,000 empleos como alegaba el PPD en la campaña del plebiscito de 1993 (Irizarry, 2001, pp. 235-236). Para el verano de ese mismo año, ya el Congreso había aprobado legislación para comenzar a cobrarle impuestos a las corporaciones 936, mediante una reducción de 50% de esos beneficios contributivos. Fue en 1996 que se le dio la estocada final al reducir los restantes beneficios paulatinamente hasta el año 2005.

Por otro lado, Estados Unidos había comenzado un plan para su expansión de capital tras el fin de la Guerra Fría. Estableció una política neoliberal que consistía en tratar de derribar fronteras tarifarias entre países, posibilitar la inversión masiva de capital estadounidense a nivel mundial, y fomentar el libre comercio en el continente americano. Comenzó con la creación del NAFTA, pero a la larga, Estados Unidos quería crear el ALCA (FTAA por sus siglas en inglés), un acuerdo que integraría a todo el continente americano en un bloque de libre comercio. La Sección 936 era incompatible con esas aspiraciones estadounidenses, ya que en teoría Puerto Rico tendría una ventaja artificial competitiva con otros países de la región. ¿Es casualidad que el año el que se pensaba implementar el ALCA era exactamente el mismo en que terminaban los beneficios de la Sección 936?

Es por esta razón que todos los esfuerzos del PNP para cabildear a favor de la Sección 30-A fracasaron. Igualmente fracasó el intento del PPD de que se enmendara la Sección 956 con el objetivo de beneficiar a Puerto Rico. Todo lo que nos quedó al final fue la Sección 901, en la que a las corporaciones estadounidenses se les trata como corporaciones foráneas controladas.

Hoy día, Puerto Rico es incapaz de atraer capital norteamericano con la efectividad de antes, porque siempre el acercamiento a esas inversiones es de índole contributiva. En vez de cobrar a las corporaciones 901 utilizando el concepto de crédito por contribuciones foráneas, y preparar un buen plan de incentivos contributivos y no-contributivos, el gobierno opta por incentivar mediante exenciones contributivas. Muchos economistas (incluyendo los del Brookings Institution y el Centro para la Nueva Economía) ya han señalado que el proveer exención contributiva a corporaciones no funciona para atraerlas o mantenerlas invirtiendo de manera efectiva (véase LeRoy, 2005). Puerto Rico podría, incluso, aumentar el porcentaje de contribución de las empresas 901, manteniéndose todavía competitiva ante nuestros dos grandes competidores: Singapur e Irlanda.

Puerto Rico, por su status político, no tiene un seguro universal de salud, que sería un incentivo no-contributivo para estas empresas, ya que no tendrían que pagar primas costosísimas a las aseguradoras privadas de salud. Debido a la ley de cabotaje, Puerto Rico no puede servir de plataforma de exportación del Caribe de manera efectiva, éste sería otro incentivo no-contributivo. Puerto Rico tampoco puede establecer tratados contributivos con otros países, ni puede atraer de manera efectiva capital de otras partes del mundo. Al no estar en organismos tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), o UNASUR, o PetroCaribe, a Puerto Rico se le hace difícil vender sus servicios a otros países, o a comprar petróleo más barato (otro posible incentivo no-contributivo). Puerto Rico no puede acordar tratados tales como el CAFTA, o incluso el ALBA. En fin, Puerto Rico se queda rezagado ante los demás países del mundo, incluyendo los del Caribe.

Los que acusan a Rosselló y a Romero de haber asesinado la Sección 936 en el fondo tienen la ilusión (consciente o no) de que los puertorriqueños somos decisivos para la política estadounidense. En realidad, con o sin el apoyo de ellos dos, la Sección 936 se hubiera eliminado de todas maneras. Todo lo que hicieron Rosselló y Romero es hacer la eliminación "politically correct".

La moraleja de este artículo: el Congreso de Estados Unidos nos beneficia o perjudica de acuerdo a sus intereses, no los nuestros.

El misterio de este crimen ya se ha resuelto. Como diría Ana María Polo …

¡He Dicho! ¡Caso Cerrado!

Judge Hammer

Referencias

Berríos Martínez, R. (1983). Sobre la estadidad. La independencia de Puerto Rico: razón y lucha. (pp. 259-265). México: Editorial Línea.

Bosworth, B. P., Soto-Class, M. A., & Collins, S. M. (2006). Restoring growth in Puerto Rico: overview and policy options. US: Brookings Institution Press & the Center for the New Economy.

Cantero Frau, R. (2002). Evolving environment: new economic vision 956. Se accedió a esta página el 13 de julio de 2002. http://www.pridco.com/4.1.1sedc_point_view956.html (Vínculo Desactivado).

Catalá Oliveras, F. (2010). La economía de Puerto Rico: del enclave colonial al imperativo de la Independencia. En R. Berríos Martínez, F. Martín García, & F. Catalá Oliveras, Puerto Rico: nación independiente, imperativo del Siglo XXI. (pp. 47-98). PR: Editora Corripio.

Curet, Cuevas, E. (2003). Economía política de Puerto Rico: 1950 a 2000. PR.

Dietz, J. L. (1989). Historia económica de Puerto Rico. (Y. Torres Rivera, Trad.). PR: Ediciones Huracán.

Gautier Mayoral, C., Rivera Ortiz, A. I., & Alegría, I. E. (Compiladores). (1990). Puerto Rico en la economía política del Caribe. PR: Ediciones Huracán.

Irizarry Mora, E. (2001). Economía de Puerto Rico: evolución y perspectivas. Estados Unidos: Thomson Learning.

LeRoy, G. (2005). The great American jobs scam: corporate tax dodging and the myth of job creation. US: Berrett-Koehler Publishers.

Negrón Rivera, E. G. (1998). Tax related industrial incentive impact of political status options for Puerto Rico. Economic effects of the political options for Puerto Rico. San Germán: Centro de Publicaciones, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 323-358.

Picó, F. (2006). Historia general de Puerto Rico. PR: Ediciones Huracán.

Scarano, F. A. (2009). Puerto Rico: cinco siglos de historia. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores.

Tobin, J. (1976). Informe al Gobernador del Comité para el Estudio de las Finanzas de Puerto Rico. PR: Editorial Universitaria.

Woodward, Bob. (1995). The agenda. NY: Simon & Schulster.

Bookmark and Share