Puerto Rico - Lares

Últimamente, me he quedado confundido ante la cantidad de gente que está planteando que no se ha hecho al pueblo propuesta de cómo sería la economía bajo el estatus de independencia. Ayer específicamente, me sorprendí cuando escuché a un comediante e ingeniero químico independentista (¡independentista!) decir que el independentismo necesita plantearle al pueblo un plan económico viable para los puertorriqueños.

¡¿De verdad?! Espero que mis lectores perdonen mi incredulidad, pero me fastidia que hayan gente que se llame “independentista” que diga en público que hace falta proveer un modelo económico viable de una República de Puerto Rico. Yo entiendo que un estadolibrista o un estadoísta lo cuestione, ¿pero un independentista? ¿En serio? Quiero decir que a lo sumo, lo que hace falta es mayor exposición al pueblo de las propuestas del independentismo, pero YA existe un modelo económico viable para la independencia.
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Las primeras propuestas económicas concretas 

La Independencia de Puerto RicoiComo mis lectores sabrán, he sido crítico de ciertas decisiones recientes del PIP, especialmente en relación con ciertas posiciones anticientíficas que ha adoptado en el área agrícola y alimentaria. Sin embargo, tengo que confesar que si de algo hay que quitarse el sombrero y reconocer es la excelentísima labor que ese partido llevó a cabo en el caso del proceso plebiscitario del Proyecto Johnston de 1989 a 1991. Antes de ese proyecto, la mejor propuesta del independentismo se había presentado en el libro del Lic. Rubén Berríos Martínez, La independencia de Puerto Rico: Razón y lucha. En esa obra, Berríos incluía varios artículos en torno a los falsos temores a la independencia: pérdida dramática en fondos federales, pérdida del acceso al mercado estadounidense, la salida de la inversión de corporaciones foráneas en Puerto Rico, entre otros. En aquel momento (1983), cuando lo más que había de “libre mercado” en el Caribe era la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (o Plan Caribe) diseñada por el Presidente Ronald Reagan y otros tipos de acuerdos. Berríos afirmaba que no habría pérdida alguna de acceso al mercado norteamericano ni se tendría que ir la inversión estadounidense, que habría unos acuerdos amistosos con los Estados Unidos mientras que una República de Puerto Rico podría abrirse a establecer relaciones comerciales con otros países del mundo mucho más fácilmente.

Durante 1989 y 1991 se confirmó todo lo dicho por Berríos en su texto y más. Entre los logros conseguidos en aquella época están los siguientes:

  1. Los puertorriqueños continuarían recibiendo los fondos de sus derechos adquiridos (Seguro Social, veteranos, pensiones federales, etc.) bajo la independencia. Estos fondos constituyen del 60 al 70% de las transferencias federales a Puerto Rico. Para aquellos que estén cotizando para Seguro Social, el gobierno federal y el gobierno de la República de Puerto Rico estarían forjando un seguro social nuestro con las aportaciones que ya han hecho los trabajadores puertorriqueños por años. Este proceso de transición duraría aproximadamente 5 años.
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  2. Las transferencias otorgadas por el gobierno federal (e.g. PAN, Plan WIC, Plan 8, etc.) se recibirían en bloque por la misma cantidad que al inicio de la transición durante un periodo de 9 a 10 años, sujeto a renegociación posterior.
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  3. Las corporaciones estadounidenses podrían continuar invirtiendo en Puerto Rico bajo la Sección 901 del Código de Rentas Federal. El gobierno de la República podría utilizar la disposición del “crédito por contribuciones foráneas” e incentivar más la inversión foránea estadounidense en Puerto Rico. Simultáneamente, no habría impedimento alguno para forjar un programa de incentivos industriales para atraer capital de docenas de países alrededor del mundo. La capacidad de establecer tratados contributivos bajo la independencia posibilitaría esto.
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  4. Puerto Rico continuaría teniendo libre acceso al mercado estadounidense vía el Plan Caribe.
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  5. Aquellos nacidos con la ciudadanía estadounidense podrían retenerla, algo que fomentaría el libre tránsito entre ambas naciones y, por ende, el flujo de capital entre Puerto Rico y Estados Unidos. Además, aquellos que sean ciudadanos puertorriqueños (pero no ciudadanos estadounidenses) podrían gozar del libre tránsito a los Estados Unidos por un periodo de 30 años.
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  6. La continuación del uso del dólar estadounidense como moneda oficial de la república si así lo desea, con o sin una moneda nacional.

Lo único que en aquel momento se le había denegado a la opción de independencia era la eventual desmilitarización de Puerto Rico. Es interesante señalar que solamente a la independencia se le trató de manera tan favorable. Sin embargo, las opciones del Estado Libre Asociado y la estadidad salieron trasquiladas del proceso, ya que irónicamente (con todo y el plan de transición de nueve a diez años) la independencia se tornó en la alternativa menos costosa para los Estados Unidos. En resumen, lo menos que quería Estados Unidos era un “ELA mejorado” con mayor dependencia o una estadidad. Para mayor información, léase el libro de Rubén Berríos, Puerto Rico: Nacionalidad y plebiscito (1991).

Desde entonces, las relaciones globales de Estados Unidos a nivel mundial cambiaban dramáticamente. Ya no existía la Unión Soviética, se había implementado el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA por sus siglas en inglés) y se tenía pensada la implementación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Gradualmente, junto a la Unión Europea y Asia, el mundo se fue abriendo cada vez más a mayor interdependencia económica. Emergieron claramente Singapur, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur como los llamados “Tigres de Asia”. Singapur e Irlanda se convirtieron competidores de Puerto Rico, no solo porque muchas de las subsidiarias estadounidenses que estaban aquí bajo la Sección 936 se mudaron a esos países, sino porque habían superado por mucho el PDB per cápita de Puerto Rico. India y China se fueron convirtiendo gradualmente en las potencias económicas que hoy conocemos, entre muchas otras cosas.

Durante esta transformación del panorama mundial, en 1997 se radicó el famoso Proyecto Young, época en la que no solamente se podría hablar de una independencia sin pérdida al acceso al mercado estadounidense, sino que era perfectamente posible hablar de establecer diversos tratados, algunos de libre comercio, con los demás países del mundo. República Dominicana formaba parte del Convenio de Lomé (desde 1984) con los países de la Unión Europea y más tarde formó parte del CAFTA+RD. Ahora no habría que apelar al Plan Caribe, sino que se hacía cada vez más implausible la idea de que Puerto Rico fuera a perder acceso al mercado estadounidense en un mundo altamente globalizado e interdependiente.

El PIP presentó una nueva definición de independencia ante el Congreso para su inclusión en el Proyecto Young (en mi opinión, la mejor definición de independencia que se ha propuesto). Allí se afirmaba que los ciudadanos puertorriqueños (con o sin ciudadanía estadounidense) podrían gozar de libre tránsito a los Estados Unidos indefinidamente, como si no hubiera frontera de aduana entre Puerto Rico y Estados Unidos, lo cual permitiría libre flujo de capital entre ambos países y, a la vez, la posibilidad de visitar a familiares en Estados Unidos sin problema alguno. Se reafirmó a su vez la continuidad de los derechos adquiridos y la creación de medidas de transición a la independencia para el desfase de las transferencias otorgadas. Puerto Rico tendría libre acceso al mercado estadounidense mientras que tendría la facultad de acordar tratados con otros países y formar parte de bloques económicos. Bajo estas condiciones, la inversión de capital en Puerto Rico y la venta de bienes y servicios en Puerto Rico compensaría las transferencias otorgadas, posibilitando mayor número de empleos y políticas de estado beneficio para desempleados y necesitados.
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¿Me perdí en algún sitio?

En cuanto a las medidas de transición económica ya están más que claras, en gran medida gracias al PIP. Otras dimensiones de la independencia inevitablemente dependen de nosotros. El PIP ha propuesto un programa económico consistente con la social democracia: un sistema estado benefactor fundamentado en el capitalismo y libre mercado, pero regulado y con los servicios esenciales en manos del estado (seguro universal de salud, electricidad, acueductos, internet); además de la implementación de políticas de negociación colectiva, cuidado del medio ambiente, etc. Para mí, este es el modelo más viable que podría adoptar una República de Puerto Rico junto a un proceso de transición, pero es una apreciación personal.

Sería sumamente deshonesto decir que una vez implementada la independencia, entonces todo va a ser, como diríamos en español, “peaches and creme“. Sin embargo, es en este asunto que se presenta el problema principal de toda discusión de estatus: la independencia es un estatus que, en el contexto global actual, abre un abanico de posibilidades en cuanto a la adopción de medidas e instrumentos jurídicos locales e  internacionales para forjar un Puerto Rico próspero. Singapur lo pudo hacer y su despegue económico comenzó al copiarse de nuestro modelo de atracción de capital; ahora se mantiene sumamente próspero gracias a que utiliza todas las herramientas que su condición de independencia le otorga.

NOTA: … Y por favor, no me digan el repetido mantra de que Singapur llegó a la prosperidad con un sistema autoritario. Esa no fue la clave de su bonanza económica, sino más bien las medidas que tomó para lidiar con un problema étnico-religioso del que esta nación formaba parte en el contexto asiático. Además, han habido muchos países del mundo donde hay sistemas represivos y dejan mucho que desear económicamente. Puerto Rico puede ser próspero y democrático en el contexto caribeño. Países como República Dominicana, Barbados, Bahamas, Costa Rica, entre otros están mostrando este punto todos los días.

Puerto Rico tiene la infraestructura, la mano de obra adiestrada, el ambiente jurídico, preparación profesional, alfabetismo, entre otros factores para atraer inversiones de todas partes del mundo. Además, hay una gran cantidad de empresas a las que se les haría mucho más fácil su ofrecimiento de servicios. Con la derogación de la Ley de Cabotaje, sería muchísimo más fácil importar y exportar mercancías a precios que abaratarían el costo de vida de los puertorriqueños y nuestras empresas podrían competir mejor con otros países que ya tienen acceso al mercado estadounidense. Con el control de una moneda propia podemos adoptar medidas fiscales más convenientes a nuestra realidad o podríamos adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial para propósitos de facilitar el comercio con los Estados Unidos.
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Y las demás opciones de estatus, ¿qué?…

Frecuentemente al independentismo se le pregunta constantemente y con una amnesia impresionante cuál sería el modelo económico bajo la independencia, pero, ¿y qué hay de las otras opciones de estatus? El ELA como está ya no sirve. El único modelo económico que se ha propuesto consiste en variaciones de lo que fue la Sección 936 (la 30A, la 956, la 933A, las zonas empresariales, etc.) y muchos todavía no se han dado cuenta que esa puerta ya está cerrada. Nos la cerró el Congreso de los Estados Unidos y el mercado global. El Congreso también le ha cerrado las puertas a lo “actual, pero mejorado”.

Lo que le queda a los estadolibristas es el llamado “ELA soberano”, que tiene tres problemas con su propuesta:

  • El principio de delegación es todavía impreciso. No se entiende exactamente qué se le delegaría a los Estados Unidos a cambio de transferencias de fondos federales o programas federales como los que tienen las Islas Palau y las Marshall. ¿Se delegaría la defensa? Además objetar a esta medida como independentista, el interés de Estados Unidos por fomentar su presencia militar en Puerto Rico parece ser casi ninguna a la luz de los avances tecnológicos de la armada estadounidense.
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  • En algunos casos, el plan de transición es impreciso. Una de las propuestas más concisas hechas por algunos soberanistas sugiere una transición de 60 años (¡mucho más que los que solicitamos los independentistas!)
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  • El asunto de la ciudadanía estadounidense por el que abogan es un problema serio dentro de la jurisprudencia estadounidense, especialmente si el nuevo ELA es “soberano”.

En cuanto a la estadidad, no tiene mucho que ofrecer que no sea mayor dependencia. La defensa de los estadoístas en general se reduce a tres:

  1. Las empresas estadounidenses en Puerto Rico invertirían mejor con un Estado de Puerto Rico ya que estaríamos asegurados por una jurisprudencia federal; dichas corporaciones mejor familiarizadas con las leyes estadounidenses que de cualquier otra en el mundo. El problema con este argumento es que está hartamente refutado con el fenómeno de la globalización. El capital no tiene patria e invertirá en aquel país  que le ofrezca los mejores incentivos. Esto explica el cierre de industrias manufactureras en Estados Unidos y su apertura en otras partes del mundo. Pregúntenle a Detroit al respecto.
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  2. Si Puerto Rico forma parte del Senado y la Cámara de Representantes, tendrá mayor acceso al presupuesto federal que 24 o 25 estados de la Unión; esto pondrá a nuestra disposición fondos de inversión para la infraestructura, la educación, entre otros. El problema con ese argumento es que rebota en contra de la opción de la estadidad a la hora de defenderla en el Congreso de Estados Unidos. No hay manera alguna que esos 24 o 25 estados de la Unión voten a favor de la estadidad para Puerto Rico, una cosa que conllevaría necesariamente perder su acceso al presupuesto.
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  3. Más fondos federales de transferencias otorgadas con tan solo el 30% de la población pagando impuestos federales. Una vez más, nos encontramos el problema del “rebote contra la estadidad” a la hora de defender este punto en el Congreso de Estados Unidos. No hay manera alguna que podamos defender $15 a $20 mil millones en fondos federales a un Estado de Puerto Rico y que solamente el 30% de los que trabajan paguen impuestos. Estados Unidos no llegó a ser una gran potencia económica mundial haciendo malos negocios.

La resistencia de Estados Unidos al mejoramiento del ELA es palpable estos días y la estadidad está más lejos que nunca. Parece que el Congreso nos deja a nuestra disposición estatus de soberanía, en la que es mucho más fácil para Puerto Rico adoptar aquellos modelos económicos de su conveniencia. Para mí, el mejor estatus de soberanía propia y plena que es económicamente viable es la independencia.

En vez de tener un caso de amnesia y preguntar repetidas veces cuál es el modelo viable de la independencia, los independentistas deberíamos hacer tres cosas:

  • Empaparnos del modelo o modelos viables de independencia lo más que podamos. Ya esto se ha laborado profundamente y el trabajo está hecho. Ahora es el momento que debemos darlo a conocer a un público que sufre de una amnesia a conveniencia ideológica en cuanto a este tema.
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  • Defender la independencia como opción en todos los foros políticos donde se discuta el tema del estatus.
  • En vez de preguntarnos a nosotros mismos cuál es el modelo económico de la independencia (¡el trabajo está hecho!), los independentistas debemos interrogar a las otras opciones de estatus: ¿qué tienen ellas que ofrecer?

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PD: Definición de “Independencia” defendida por el PIP para el Proyecto Young (1997)

La siguiente definición de independencia fue aceptada en ese momento para ser integrada al Proyecto Young sin objeción alguna de los congresistas estadounidenses:

  1. Puerto Rico es una república soberana, que en su libre ejercicio de su derecho inalienable a la independencia y libre autodeterminación, tiene completa autoridad sobre su propio territorio y población, bajo una constitución democráticamente adoptada por el Pueblo de Puerto Rico, que proveería el establecimiento de una forma republicana de gobierno y una amplia protección de derechos humanos, sujeto solo a la aprobación del Pueblo de Puerto Rico.
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  2. La República de Puerto Rico se convertirá en miembro de la comunidad de naciones, en igualdad de condiciones, investida con todos los derechos y prerrogativas que han sido reconocidos por el Derecho Internacional a los estados independientes y que incluye el poder de establecer sus propias políticas fiscales, monetarias, migratorias y de comercio internacional, el derecho a establecer tratados incluyendo económicos, tarifarios, a establecer relaciones con otras naciones y participar en organizaciones internacionales.
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  3. Los puertorriqueños serán ciudadanos de la República de Puerto Rico.
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  4. Los Estados Unidos concederá a los individuos de Puerto Ricos sus derechos adquiridos en virtud de servicios rendidos o contribuciones hechas a los Estados Unidos.
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  5. El futuro de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos será definido por un Tratado de Amistad y Cooperación en relación con los asuntos de interés mutuo en conformidad con sus respectivos procesos constitucionales y a través del cual el Congreso expresaría su apoyo a los siguientes principios: un periodo de transición económica, incluyendo un Fondo de Desarrollo financiado con las contribuciones anuales basadas en la cantidad actual de gastos del gobierno federal en Puerto Rico; un libre comercio entre ambas naciones; un libre tránsito de ciudadanos puertorriqueños y ciudadanos de Estados Unidos entre ambas naciones; y la completa desmilitarización de Puerto Rico.
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